Tagoror Digital
22.12.2024 | Santa Cruz de Tenerife
En su ronda de encuentros con las distintas instituciones y entidades publicas y privadas, la Unión de Asociaciones Vecinales de Canarias – 8 Islas (U.AVC) se reunió con doña Matilde Asian González, Consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. Encuentro al que acudieron en representación de la entidad vecinal su presidente, Francisco Barreto Rodríguez y su vicepresidente primero, Francisco Elías Martín Martín, y en que se trató, como asunto central, el “tasazo” que se nos viene, a partir del mes de abril del próximo año 2025, por el concepto de recogida de basuras y residuos sólidos domiciliarios.
La entrada en vigor de esta nueva normativa, tras su periodo transitorio de tres años y que terminará el mes de abril de 2025, conllevará una imposición positiva a las entidades locales, que tendrán, que revisar sustancialmente sus actuales ordenanzas fiscales por las tasas municipales por la prestación de su servicio de recogida y tratamiento de basuras y residuos sólidos domiciliarios.
Una revisión al alza que, en algunos casos, podrá suponer un incremento del doscientos por cien de la tasa que actualmente se están abonado por tales servicios. La Sra. Consejera, que mostró su gran interés por este asunto, trasladó la preocupación del propio Gobierno por el incremento en la presión fiscal municipal que esta nueva medida fiscal va a infringir sobre las economías familiares y empresariales, como usuarios de estos servicios. Una exigencia impositiva estatal que desde la U.AVC se cuestiona, toda vez que, si los servicios que se prestan están correctamente cofinanciados con las tasas actualmente en vigor ¿Qué interés se tiene con esta nueva exigencia? ¿Un afán meramente recaudatorio?
Entendiendo que las competencias en este asunto son propias de los Ayuntamientos, U.AVC ha planteado reunirse, de manera urgente, con la FECAM cuestionando la implantación de este “tasazo” y trasladar conjuntamente al Gobierno de Canarias el malestar general, solicitando su mediación ante el Gobierno Central, dejando sin efectos su aplicación o, en su caso, su implantación progresiva y reduciendo sus efectos tan negativos, para las economías familiares.
