Comunicado del Sindicato de Inquilinas de Tenerife

23.09.2026 | Santa Cruz de Tenerife

Desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife exigimos al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Granadilla de Abona que movilicen de manera inmediata todos los recursos necesarios para evitar el desahucio de una vecina y garantizarle una alternativa habitacional digna y adecuada a su situación.

El lanzamiento está señalado para este viernes 25 de septiembre a las 10:00 horas, en una vivienda situada en la calle José Ventura, en Granadilla de Abona, dentro del procedimiento de desahucio por falta de pago 000016/2025, tramitado ante el Tribunal de Instancia de Granadilla de Abona.

La vecina, de 54 años, depende actualmente de ayudas públicas como fuente de ingresos y no dispone de nómina ni contrato de trabajo. Además, tiene reconocida una dependencia de grado 2 y cuenta con el apoyo y los cuidados de un chico que se hace cargo de ella. Según nos ha trasladado, esta situación le está impidiendo acceder a una vivienda de alquiler, ya que incluso para alquilar una habitación se le exige acreditar unos ingresos laborales que no tiene.

La propia afectada explica así cómo llegó a esta situación: “Dejé de pagar después de la pandemia porque no me alcanzaba el dinero, tuve que dejar de pagar, porque me entraron a robar y se llevaron todo lo que tenía de valor, el dueño se desentendió y no me quiso ayudar”.

A esta situación económica se suma una circunstancia de extrema gravedad: padece un cáncer terminal, con afectación cerebral y metástasis en los pulmones y los ovarios, y se encuentra actualmente en tratamiento de quimioterapia. La propia afectada nos ha trasladado que únicamente pide poder afrontar su tratamiento con tranquilidad y disponer de un lugar donde vivir. Sin embargo, este viernes puede perder su vivienda sin que, hasta el momento, se le haya garantizado una alternativa habitacional.

La trabajadora social ya ha trasladado al juzgado un escrito solicitando que se concedan unos días más. Pero unos días más no son una solución. Las administraciones deben actuar de inmediato para garantizar que esta vecina no quede en la calle.

Exigimos una alternativa habitacional antes del desahucio

Desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife defendemos que ninguna persona debe ser desahuciada sin que exista previamente una alternativa habitacional digna y adecuada.

Por ello, exigimos al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Granadilla de Abona:

● Que agoten todas las vías administrativas y jurídicas disponibles para paralizar o aplazar el lanzamiento.

● Que coordinen de forma urgente los servicios sociales y de vivienda para garantizar una alternativa habitacional antes del viernes 25 de septiembre.

● Que dicha alternativa tenga en cuenta la situación económica y personal de la afectada y no esté condicionada a disponer de una nómina o contrato laboral.

● Que se garantice que la vecina no quede en situación de calle bajo ninguna circunstancia.

No puede ser que una persona que depende de ayudas públicas, que no puede acceder al mercado de alquiler por no disponer de nómina y que, además, se encuentra atravesando un cáncer terminal y tiene reconocida una dependencia de grado 2, sea expulsada de su vivienda sin que las administraciones hayan garantizado dónde podrá vivir.

Un caso que refleja la emergencia habitacional de Canarias

Este caso es una muestra más de una crisis habitacional que está dejando a cada vez más personas sin capacidad para acceder o mantener una vivienda. Los colectivos por la vivienda en Canarias, con el apoyo de más de 70 organizaciones, hemos venido reclamando medidas urgentes frente a esta situación y presentamos nuestro Plan de Emergencia Habitacional, con 13 medidas, entre ellas la suspensión de los desahucios cuando no exista una alternativa habitacional garantizada, la eliminación de criterios excluyentes en el acceso a vivienda pública y el aumento y blindaje del parque público de vivienda. La realidad demuestra la necesidad de aplicar estas medidas.

Nuestra organización ha señalado reiteradamente que las administraciones no pueden limitarse a gestionar las consecuencias de la emergencia habitacional mientras miles de personas tienen dificultades para acceder a una vivienda y otras se enfrentan directamente a la pérdida de su hogar. La verdadera política antidesahucios se hace mucho antes de que se den nuevos casos de desalojo. Ahora, lo mínimo es actuar para que la persona afectada no se quede sin casa.

Ni la vivienda puede quedar reservada a quienes tienen una nómina, un contrato indefinido o capacidad para superar las condiciones cada vez más restrictivas del mercado especulativo, ni la falta de una nómina puede condenar a una persona a quedarse sin vivienda. Y mucho menos cuando se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife exigimos al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Granadilla de Abona que no esperen a que se produzca el lanzamiento para buscar una solución. Exigimos una solución habitacional ya.