Tagoror Digital10.06.2016. San Cristóbal de La Laguna.
El alcalde de San Cristóbal de La Laguna, José Alberto Díaz, se congratula de haber cumplido con el compromiso que adoptó, hace escasamente un año, con las familias de las 119 viviendas de San Matías que se vieron con problemas sobrevenidos para hacer frente a los pagos del alquiler por contrato privado que mantenían con Viviendas Sociales de Canarias (VISOCAN), empresa pública del Gobierno de Canarias.
Esta semana, el alcalde llevó a una asamblea con los vecinos de las 119 viviendas de San Matías, los acuerdos adoptados entre VISOCAN y el Ayuntamiento; acuerdos que las familias aceptaron de buen grado, “por lo que me siento muy orgulloso de dar tranquilidad a estas familias y este es el resultado de mi compromiso, adoptado desde el principio de esta legislatura, de ningún lagunero sin casa”, apunta José Alberto Díaz.
El acuerdo ofrecido consiste en la renovación de los contratos a todas las familias, se quita la figura del aval y una rebaja de 50 euros en la renta de alquiler. Para quienes además no posean deudas atrasadas, se les oferta la opción a compra de la vivienda; al respecto, el alcalde expresó su firme voluntad política de llevarlo a cabo, si bien en una próxima asamblea se les explicará con detalle el encaje jurídico que se adoptará para ello.
Respecto a los que no han podido pagar las cuotas del alquiler y posean deudas y dado que no se puede condonar, el compromiso adoptado por el Ayuntamiento es establecer ayudas específicas para afrontar el pago de alquiler. Para ello se estudiará cada caso de manera individual, se establecerá un criterio para establecer la cuantía de alquiler mínimo a aportar y sobre el resto se cuenta con la colaboración del Ayuntamiento a través de una ayuda específica en tanto no se modifiquen las circunstancias económicas de la unidad familiar.
En la citada asamblea con los vecinos también estaban presentes la concejal de Hacienda y Servicios Económicos, María Candelaria Díaz; la concejal de Bienestar Social, Calidad de Vida y Viviendas, Flora Marrero; y el gerente de Visocan, Víctor González.
Informes sociales
Por otro lado, la concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida informó de que de las 119 familias, 53 son las que mantenían deudas con VISOCAN y de ellas se han hecho informes sociales de 38 familias por parte de Muvisa, 7 familias lo han solicitado por su cuenta, 13 están ilocalizadas y hay tres ocupaciones ilegales.
En septiembre de 2015 el Ayuntamiento detecta que varias familias están en riesgo de desahucio a causa de no poder afrontar el impago de los alquileres de las viviendas. Ante ello, el consistorio actúa de inmediato y logra alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Canarias, a través de VISOCAN, con el compromiso institucional por el que ninguna familia iba a ser desalojada de la vivienda por motivos económicos, empezar a estudiar las circunstancias económicas de cada familia y estudiar el estado de las viviendas.
En la primera asamblea con los vecinos, el alcalde adoptó el compromiso expreso de que ni el Ayuntamiento ni el Gobierno de Canarias iban a promover ningún expediente de lanzamiento y que el Consistorio apoyaría a todas las familias con dificultades económicas.
A partir de ahí se formó una comisión de seguimiento entre todas las administraciones implicadas y los representantes de los vecinos que han venido trabajando en los acuerdos que ya han empezado a fructificar. Se empezó con la visita y análisis de las circunstancias socioeconómicas de las familias con mayores dificultades, que recibieron la atención necesaria a través de los trabajadores sociales.
Tras la primera asamblea también se recogieron las preocupaciones de los vecinos sobre el estado de las viviendas y las zonas comunes, deficiencias que fueron trasladadas al Instituto Canario de la Vivienda.
