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El Consistorio recuerda que ha solicitado medidas de salvaguarda al tribunal en defensa de los derechos patrimoniales del municipio

16.08.2018. Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife informa de que no ha adoptado medidas para solicitar la ejecución de la responsabilidad civil a consecuencia de la sentencia dictada en abril de 2017 por la Audiencia Provincial por el caso de Las Teresitas debido a que ésta aún no es firme y se encuentra en la actualidad recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

No obstante, el Ayuntamiento recuerda que el 24 de mayo la Junta de Gobierno adoptó el acuerdo de autorizar al Servicio Jurídico a solicitar a la autoridad judicial medidas cautelares a fin de asegurar la totalidad del importe de responsabilidad civil reconocida en la referida sentencia.

Estas medidas planteadas por el Ayuntamiento consisten en requerir a todos los condenados para que, en el plazo fijado que por el tribunal, designen bienes realizables -saldos de cuentas bancarias, depósitos o productos financieros, imposiciones a plazo, fondos de inversión, valores, títulos, acciones, deuda financiera, contenido de cajas de seguridad, participaciones sociales u otros activos financieros, así como bienes muebles o inmuebles- que sean suficientes para garantizar el pago de la totalidad de las indemnizaciones a cuyo pago se les condena, acordándose la practica a tal fin de las valoraciones y/o tasaciones precisas.

En su solicitud el Consistorio planteó subsidiariamente, en el caso de que no se cumpliera el requerimiento anterior, o en el supuesto de que los bienes designados fueren insuficientes, que se acordara la práctica de medidas de apremio a costa de los condenados; tales como el inmediato bloqueo y retención de cuentas bancarias y activos financieros y el embargo de los bienes muebles e inmuebles que figuren a nombre de los condenados.

El Ayuntamiento informa de que seguirá velando por el interés general del municipio en este procedimiento, preservando y defendiendo en todo momento los legítimos derechos que le asisten de acuerdo siempre a las resoluciones judiciales y su debido cumplimiento.