Al Golpito

Por si fuera poco, el Gobierno de Canarias, junto con el Cabildo de Tenerife, hacen oídos sordos al citado intrusismo de la gastronomía de nuestra tierra

26.03.2018. Santa Cruz de Tenerife | Reportaje

Por: Rafael J. Lutzardo Hernández

Los guachinches tradicionales están a punto de desaparecer. Con el paso del tiempo, se han ido imponiendo caprichos y conveniencias para que las populares casas de comida de nuestra isla vayan desapareciendo. Una vez más, insisto en que el nombre de guachinche se está utilizando en el sector de la hostelería como reclamo, gancho o carnada. El intrusismo de muchos restaurantes, casas de comidas y bodegones, los cuales vienen utilizando el nombre de guachinche como reclamo para los clientes, especialmente para los turistas, motiva un agravante de ilegalidad y falsedad. Por si fuera poco, el Gobierno de Canarias, junto con el Cabildo de Tenerife, hacen oídos sordos al citado intrusismo de la gastronomía de nuestra tierra.

Hay que recordar que después de una fuerte presión mediática y de denuncia contra los guachinches por parte de empresarios del mundo de la hostelería, bodegas y políticos, se llevó a cabo una normativa regulatoria aprobada el día 1 de agosto de 2013, en la que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias estableció las líneas de la regulación a la que debían someterse los guachinches a partir de ese momento.

En el decreto 83/2013, de 1 de agosto, se regulaba la actividad de comercialización temporal de vino de cosecha propia y los establecimientos donde se puede desarrollar. La norma definen al guachinche como “comercio al por menor y por tiempo determinado, de vino de cosecha propia, procedente de viñedos pertenecientes o explotados por quien la ejerce, desarrollada en locales o establecimientos entendiendo por tales los espacios que formen parte de su vivienda o en bodegas o cualesquiera otras construcciones destinadas a labores agrarias ubicadas en la explotación o afectas a la misma, en las que, además, se podrá servir comida en los términos y condiciones determinados en esta norma”.

Poco después, y cuando se cumplían dos años de la entrada en vigor de la señalada normativa, la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias investigó al primer guachinche del norte de Tenerife para comprobar si cumplía con el decreto regional. Al mismo tiempo, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios del Valle de La Orotava (Apymevo) advirtió durante todo este tiempo que ese tipo de establecimientos no terminan de legalizar su situación. Aunque la organización amenazó con denunciar los casos en los que veía indicios de irregularidad, nunca llegó a dar el paso, hasta ahora. Y cabe preguntarse por qué Apymevo no denuncia ahora el intrusismo en que están incurriendo los restaurantes, casas de comidas y bodegones, utilizando en falso el nombre de guachinche. Lo mismo puede afirmarse del Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife. ¿Por qué permiten que este sector de la hostelería enmarque sus negocios bajo el nombre de guachinche? ¿Qué es lo que se esconde detrás de todo ello?

El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, los empresarios y responsables de las macrobodegas de Tenerife han de saber de sobra que el guachinche no lo crearon los políticos, ni los periodistas, ni los artistas, ni la patronal. Lo crearon los viticultores. Ese que en la ciudad llaman el mago fue el que sin darse cuenta creó una cultura llamada guachinche: habitáculos de vino de cosecha propia, de comidas sencillas y asequibles para cualquier cliente.

La publicidad engañosa de aquellos negocios que utilizan el nombre de guachinches como reclamo y falsedad, y, ante la picaresca de muchos, que abren restaurantes ilegales bajo ese paraguas, perjudica sobremanera al sector de los viticultores.

Algunos informadores prepocupados por ello, entre los que me cuento, junto al periodista y editor Anghel Morales, han trasladado esta inquietud a los representantes de Podemos por Tenerife, Fernando Sabaté Bel, portavoz y consejero del Cabildo de Tenerife; Julio Concepción Pérez, consejero de la misma institución, y Francisco Déniz Ramírez, diputado regional, quienes anuncian la elaboración de una moción para llevarla al Pleno de Cabildo tinerfeño y al Parlamento de Canarias.

Fraude del vino

Por otro lado, y según publicó en su momento el periódico El Mundo, hay que recordar el famoso y lamentable fraude del vino en el año 2014, cuando el sector vitivinícola de Tenerife atravesó uno de los momentos más duros de su historia. El Cabildo -gobernado por Coalición Canaria (CC) y el PSOE- compró alrededor de 100.000 litros de vino en Castilla-La Mancha para mezclarlo y embotellarlo con vino canario de mesa y comercializarlo en el mercado hotelero sin contraetiqueta de denominación alguna, bajo la marca Viña Donia, con el consiguiente escándalo.
Una denuncia anónima, a raíz de la aparición de una factura de un proveedor peninsular por valor de 19.000 euros, llevó a la apertura de un expediente administrativo por parte del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), encargado de proteger e inspeccionar los productos locales.

Finalmente, el importe total de cuatro facturas de compra de 111.187 litros de vino peninsular que fueron inspeccionadas ascendió a 62.742,80 euros, a 0,57 céntimos de euro/litro de media.
Por todo ello, el consejero delegado de Bodegas Insulares tuvo que dimitir. Cabe recordar que la corporación insular compite directamente desde hace años en el mercado de los vinos a través de la empresa Bodegas Insulares Tenerife, cuyo principal accionista es el Cabildo, con el 49%. Esta incursión ha provocado, en estos momentos que la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo) cuestione duramente lo que califican como un acto de competencia desleal por parte de dicha corporación pública hacia el sector privado, por lo que promueven acciones ante el Tribunal de Justicia en Europa.

El ICCA sancionó gravemente a Bodegas Insulares porque, aunque había constancia de la factura declarada de los 28.000 litros del total del vino peninsular adquirido en Castilla-La Mancha, esta no constaba ni registrada ni contabilizada en el libro correspondiente, lo que podría acarrearle una multa de entre 2.001 a 30.000 euros.

Por aquel entonces, el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, en su comparecencia en el Parlamento de Canarias, a petición del PP, dijo que la citada compra de vino peninsular para mezclar con canario “es una acción legal pero no estética”.

Sin embargo, la presentación por parte de la diputada del Grupo Popular Cristina Tavío del documento del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que acredita el alta y la Denominación de Origen Protegida (DOP) en su marca y etiqueta del vino denominado Viña Donia DOP Ycoden Daute Isora, demuestra que, al contrario de las afirmaciones oficiales vertidas desde el Cabildo tinerfeño, el vino importado podría haberse comercializado como vino de mesa canario por el Cabildo, originándose así un presunto fraude a los consumidores y una desprotección absoluta al vino local.

Rafael J. Lutzardo Hernández

Rafael J. Lutzardo Hernández

Periodista y escritor. Actualmente colabora como columnista y realiza reportaje de sociedad en El Diario de Avisos.

Autor de numerosos prólogos de libros y programas de fiestas populares de nuestra tierra. Autor del libro "Vamos de Guachinches y otras casas de comidas"

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