Tagoror Digital23.11.2016. Puerto del Rosario.
El informe jurídico emitido por los Servicios Jurídicos municipales hacía mención a que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario no tiene obligación legal de subrogar a los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación Temporal de empleo promovido por la UTE Fuerteventura Gestión ACTIVA, ni tampoco puede adoptar tal decisión a la vista de lo dispuesto en los artículos 8, 16 y 18 del Pliego de Cláusulas Económico Administrativas que rigió el contrato de explotación de los servicios de la Piscina Municipal, decisión que de adoptarse podría incurrir en un delito de prevaricación administrativa. La puesta en conocimiento de este informe jurídico finalmente inclinaba a los proponentes del Pleno extraordinario ( PP, PPM e IU) a abstenerse en el mismo.
Desde el Grupo de Gobierno municipal se concluía en su apuesta decidida por viabilizar la puesta en marcha de la piscina a la mayor brevedad posible, con todas las garantías legales, de seguridad y de calidad en la prestación del servicio. En estos momentos se elabora un nuevo pliego de condiciones más atractivo a las potenciales empresas interesadas en optar a la adjudicación de la piscina municipal, donde también se pueda mantener la vinculación a la nueva empresa concesionaria de los trabajadores afectados, y para lo cuál se buscará el máximo consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el pleno.
El Grupo de Gobierno en el Consistorio portuense por último tacha la propuesta elevada al pleno por el PP, PPM e IU, cuando menos de irresponsable, al no contar con informe jurídico alguno ni proyecto de viabilidad que garantizara unas mínimas condiciones óptimas en la prestación del servicio, obviando temas tan básicos pero sumamente importantes como quién y como se iba a prestar la atención al público, el mantenimiento de la infraestructura, sistema de cobros a los usuarios, limpieza ..y un largo etcétera.
