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Desde el sindicato CSIF se denuncia que no se hayan instaurado de forma suficiente los mecanismos en materia de prevención de riesgos laborales que se están llevando a cabo para evitar que los casos de coronavirus se expandan

20.03.2020 | Santa Cruz de Tenerife

La Central Sindical CSIF se muestra contrario con las medidas insuficientes tomadas por el Excmo. Cabildo de Tenerife en relación a proteger a sus empleados del grave problema infeccioso al que nos enfrentamos.

Los servicios jurídicos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y en constante crecimiento dentro de las empresas privadas, denuncian públicamente la dejadez del Cabildo Insular de Tenerife en relación a la situación del personal de su sede central situada en la Plaza España de la capital chicharrera.

Desde el sindicato CSIF se denuncia que no se hayan instaurado de forma suficiente los mecanismos en materia de prevención de riesgos laborales que se están llevando a cabo para evitar que los casos de coronavirus se expandan en mayor medida dentro de los empleados.

Así, siendo un organismo que puede utilizar el mecanismo del teletrabajo en la práctica totalidad de su personal, se apuesta por marcar unos servicios mínimos presenciales sin necesidad de los mismos (sobre el 50% del personal se les marca su presencia física obligatoria en la sede del propio Cabildo).

Por otro lado, y no menos importante, no se están llevando a cabo las labores de desinfección de equipos informáticos tales como teclados y ratones, de las mesas, sillas... Además, los medios de gel desinfectante son insuficientes, existiendo un solo bote de gel para todo el personal del Cabildo, con lo que la mayor parte del personal tiene que hacer uso de alcohol que se traen de sus casas e incluso de geles desinfectantes de elaboración doméstica.

Por ello, desde los servicios jurídicos del sindicato CSIF se ha procedido a denunciar ante la Inspección de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife todos estos incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, exigiendo que se proteja a la totalidad de empleados públicos de una forma rigurosa, seria y sensata ante el riesgo de contagio al que se les expone de forma innecesaria.