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Navarro explicó que “la decisión disciplinaria proviene directamente de informes de la jefatura de la Policía Local y de los técnicos de Recursos Humanos del Consistorio"

02.03.2018. Mogán

Navarro explicó que “la decisión disciplinaria proviene directamente de informes de la jefatura de la Policía Local y de los técnicos de Recursos Humanos del Consistorio. No ha habido decisión ni intervención política alguna al respecto de estos hechos”.

El edil lamentó la “manipulación o la falta de conocimiento sobre cómo funciona la administración por parte de las personas que han manifestado que era decisión del grupo de gobierno, cuando lo que ha ocurrido es que el concejal responsable del área ha firmado el decreto que recogía las decisiones disciplinarias efectuadas por el personal de Recursos Humanos del Ayuntamiento”.

El procedimiento ha ocurrido “en los cauces normalizados para estos casos. Así, la jefatura de la Policía Local elevó a la Alcaldía, que a su vez retransmitió a la concejalía de Recursos Humanos, un informe que transcribía una serie de hechos que entendía constitutivos de una falta grave, a razón de los artículos 46 y siguientes, de la Ley 6/97 de Coordinación de Policías Locales de Canarias”, explicó Navarro.

“Siguiendo el procedimiento”, continuó el concejal, “se remitió a los técnicos de Recursos Humanos el informe de la Jefatura, quienes en base a los hechos transmitidos en el informe, entendieron que existía una falta disciplinaria y que procedía la incoación de expediente disciplinario”.

“En ningún momento”, concluyó Navarro, “se ha intervenido por parte del grupo de gobierno, por lo que esta decisión disciplinaria no ha podido ser ninguna represalia para los agentes, independientemente de si alguno de ellos fuese representantes sindical de UGT, como han querido transmitir ciertas personas faltando a la verdad”.