Tagoror Digital
04.12.2024 | Santa Cruz de Tenerife
La entrada en vigor de la nueva regulación estatal conllevará a un incremento desmesurado de las actuales tasas que se les vienen cobrando los distintos ayuntamientos a los usuarios de este servicio.
Previo estudio detallado de los conceptos jurídicos de este servicio básico que prestan los ayuntamientos y que, viene siendo gravado reglamentariamente a través de una tasa municipal, la Directiva de la U.AVC se ha dirigido al Gobierno de Canarias, a los siete Cabildos Insulares y a los distintos ayuntamientos de Canarias a través de la FECAM, así como a la Confederación Española de Asociaciones de Vecinos (CEAV), cuestionando esta injerencia estatal que atenta directamente a las economías de los vecinos y al autogobierno de las entidades locales.
En este sentido, Francisco Barreto Rodríguez, presidente de la U.AVC, nos manifiesta que la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, presenta, como principales objetos, sentar los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos, así como contribuir a la lucha contra el cambio climático y proteger el medio marino, contribuyendo así al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030. Finalidad a la que no nos oponemos, es más, aplaudimos con grata satisfacción. Pero que, con claro frente, nos oponemos a las injerencias que con su aplicación y desmesura se pretende imponer un abuso del poder ejecutivo a través del poder legislativo.
Por un lado, hemos detectado una clara invasión de las competencias que les han sido delegadas a las entidades locales y reconocidas por las leyes reguladoras del régimen locales. Transgrediendo sus autogobiernos y autonomías normativas, con la imposición de que el coste unitario resultante de los estudios de costes del servicio de recogida de residuos, se gradúe con una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar un sistema de pago por la generación de residuos y que refleje su coste real, basado en el principio de «quien contamina paga». Exigencia que atenta al carácter regulativo de las tasas que, conforme a la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales que permiten la cofinanciación de los servicios gravados con por las mismas. Es decir, parte de sus costes son financiados a través de la tasa abonada por los usuarios o beneficiarios y el resto, hasta alcanzar su cobertura, con cargo al propio presupuesto municipal.
Pero, con la entrada en vigor de la nueva reglamentación, estos costes, tanto directos como indirectos, van a recaer directamente sobre los usuarios del servicio de recogida de basura, con la implantación de un “tasazo” que podrá superar el 200% de las actuales tarifaciones. Lo que va a suponer una nueva carga sobre las economías familiares, en torno a los 15 o 20 euros mensuales.
Si las actuales tasas municipales en vigor están ajustadas a derecho y financian correctamente el servicio prestado a los vecinos de los distintos municipios en los que se presta el servicio de recogida, transporte, vertido y custodia de los residuos, incluyendo para determinar el cálculo de su valor unitario todas las unidades de sus costes tanto directos como indirectos. La Directiva de U.AVC se ha dirigido a las distintas administraciones públicas cuestionando: ¿Qué motivación justifica el “tasazo” que se pretende implantar a partir del mes de abril del próximo ejercicio 2025, … un afán recaudatorio…?
Tenemos claro que la implantación de este “tasazo” desproporcionado en su medida, va a recaer explosivamente sobre las economías familiares generando una fuerte repercusión social. Por lo que, hemos instado a las administraciones públicas a su aclaración, así como, a que se nos informe sobre qué medidas se pretenden tomar para amortiguar este desproporcionado incremento en la tasa de basura y que, las propias administraciones públicas vienen anunciando durante estos los últimos meses.
“No nos vale que nos anuncien de que viene el lobo, porque lo que realmente necesitamos es que cuando el lobo llegue estemos resguardados y seguros”.
Por lo que se ha propuesto actuaciones y medidas que permitan suavizar su repercusión gradual y progresivamente en diversos ejercicios económicos, así como, aliviar esta carga fiscal con la reducción de otras tasas o impuestos de competencias municipales, de igual forma que ha anunciado el Ayuntamiento de Arona en una nota de prensa publicada por Diario de Avisos el pasado 29 de noviembre.
No obstante, la Directiva de la U.AVC, ha instado, en unidad, a impulsar un frente común que ponga cordura a este despropósito desmesurado, por su afán recaudatorio no justificado y deslegitimando el autogobierno y la autonomía competencial de las entidades locales.
Francisco Barreto Rodríguez, presidente de la U.AVC.
