La vecina se queda en su casa: una victoria de la organización vecinal y sindical, pero la lucha no termina aquí

24.09.2026 | Santa Cruz de Tenerife

Desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife celebramos esta paralización como una victoria de la organización, de la solidaridad vecinal y de la movilización sindical y social. Frente a un desahucio que amenazaba con dejar en la calle a una mujer con un cáncer terminal, en tratamiento de quimioterapia y en una situación de extrema vulnerabilidad, la presión ejercida durante estos últimos días ha conseguido frenar el lanzamiento.

Esta victoria ha contado además con una amplia cobertura de medios de comunicación nacionales y locales, que han permitido poner el foco sobre un caso que nunca debería haber llegado a esta situación y sobre una realidad que afecta a muchas otras personas en Canarias y en el conjunto del Estado español.

Pero queremos ser muy claras: que hoy la vecina se quede en su casa no significa que el problema esté resuelto.

Lo que hemos conseguido es, fundamentalmente, ganar tiempo. Una paralización a contrarreloj de un desahucio inminente es una medida absolutamente excepcional y anecdótica frente a una emergencia habitacional que es estructural. Seguimos sin saber qué alternativa habitacional tendrá esta vecina cuando termine esta prórroga ni qué ocurrirá cuando vuelva a enfrentarse al procedimiento de desahucio.

Violencia institucional

No podemos asumir como normal que para evitar que una persona sea desahuciada haya que activar una movilización en cuestión de días, llamar a las puertas de las instituciones, conseguir cobertura mediática y que activistas tengan que poner su cuerpo, su tiempo y su energía para impedir que una persona vulnerable termine en la calle. No podemos ir a contrarreloj en cada desahucio.

Porque mientras conseguimos parar este lanzamiento, hay otros procedimientos abiertos. Otras familias reciben cartas del juzgado. Otras personas no saben dónde van a dormir. Y no todas tienen la posibilidad de conseguir que su caso llegue a los medios, de organizar una concentración o de reunir a decenas de personas ante la puerta de su casa.

La respuesta a un problema estructural no puede depender de la capacidad de cada persona para movilizar apoyos antes de que llegue la policía judicial. Por eso señalamos directamente la responsabilidad de las administraciones públicas. Cuando una persona en situación de extrema vulnerabilidad puede ser expulsada de su vivienda sin que exista previamente una alternativa habitacional garantizada, estamos ante una forma de violencia institucional.

Medidas antidesahucios y habitacionales

Este caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que llevamos meses denunciando: la necesidad de aprobar medidas que permitan suspender todo tipo de desahucios con máxima efectividad y garantizando la alternativa habitacional adecuada.

El llamado escudo social permitió durante años suspender determinados lanzamientos por vulnerabilidad acreditada, pero esa protección no se extendió a 2026 en los términos que reclamábamos. Este caso demuestra las consecuencias de haber dejado atrás esa protección. Ahora, las administraciones se limitan a intentar intervenir cuando faltan 48 horas para que una persona pierda su casa.

La verdadera política antidesahucios empieza mucho antes. Garantizando el derecho efectivo a la vivienda, ampliando y blindando el parque público, regulando el mercado del alquiler y evitando que cada vez más hogares queden expulsados por unos precios que no pueden asumir. Porque si una persona llega a la puerta de un juzgado con una orden de desahucio, el fracaso de las políticas de vivienda ya se ha producido mucho antes.

Necesitamos políticas estructurales que eviten que las personas lleguen a esta situación. Políticas que impidan que la vivienda sea tratada principalmente como un activo financiero y como una fuente de rentabilidad, mientras cada vez más personas tienen dificultades para pagar un alquiler. La verdadera política antidesahucios no consiste en parar desahucios uno a uno. Consiste en construir las condiciones para que no se produzcan.

Fondos responsables, gobiernos responsables

El modelo de vivienda instalado en el Estado español ha permitido que la vivienda se convierta en un espacio de extracción de rentas mientras las condiciones de acceso se vuelven cada vez más difíciles para la población.

Los fondos de inversión y grandes tenedores que utilizan la vivienda como activo para obtener rentabilidad tienen una responsabilidad en este modelo. Pero también la tienen los gobiernos que permiten que este modelo se mantenga y que no ponen en marcha las políticas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda.

No basta con señalar a quienes ejecutan los desahucios cuando se ha permitido previamente que miles de viviendas sean tratadas como activos de inversión, que el parque público sea insuficiente y que acceder a un alquiler dependa cada vez más de disponer de unos ingresos y unas condiciones laborales que una parte creciente de la población no puede cumplir.

Por eso nuestra exigencia no cambia. Los gobiernos tienen que garantizar el derecho a la vivienda mediante políticas estructurales, no mediante soluciones de emergencia cuando el desahucio ya está encima.

Hoy ganamos tiempo. Ahora queremos una solución.

Hoy celebramos que nuestra vecina se queda en su casa.

Celebramos que la organización vecinal y sindical sirve para defender nuestros hogares. Celebramos que la movilización consigue resultados. Y agradecemos a todas las personas, colectivos, organizaciones y medios de comunicación que han contribuido a que este caso no pasara desapercibido. Pero también queremos dejar claro que esto no termina hoy.

Seguiremos exigiendo que las administraciones garanticen una alternativa habitacional digna y adecuada para esta vecina y que no esperen a que vuelva a acercarse la fecha de un lanzamiento para actuar. Exigimos al Gobierno de Canarias que apruebe ya nuestro Plan de Emergencia Habitacional y aplique la Ley de Vivienda de una vez, para topar precios del alquiler.

La lucha continúa.