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Un mes es el plazo que les ha fijado la Concejalía de Servicios Sociales a los 9 usuarios que venían utilizando los pisos de acogida de emergencia del municipio para que procedan a desalojar los mismos. Dicha decisión, adoptada por el área que dirige el concejal José Caro Salas, del Partido Popular, representa que quienes venían haciendo uso de dichas instalaciones municipales, ubicadas en el barrio de San Juan, deben desalojar las mismas.
Ante este anuncio, en el que solo se les comunicó como motivo que había expirado el plazo de permanencia, pero no una alternativa habitacional, ha suscitado “la lógica preocupación de Nueva Canarias en el municipio”, puesto que, según señala la formación canarista, “el concejal responsable de que se lleve a cabo esta medida, tampoco ha expuesto a los afectados una solución a partir del momento de su salida en la que ha sido su domicilio hasta ahora”.
Así, la principal formación en la oposición del municipio expresa su “honda preocupación por la ausencia de diálogo y falta de empatía a la hora de proceder”, pues explica que “estamos hablando de personas con serias dificultades económicas y con múltiples problemas de carácter social”.
En este sentido, esta formación política considera que “antes de adoptar una medida que lo único que hace es poner en la vía pública a personas vulnerables, a las que se les empeorará su problemática personal y social, se tendría que haber habilitado una alternativa previa para los mismos”.
Además, NC asegura que “si la excusa es que dichos pisos son para casos de urgencia o emergencia, es absurdo lanzar a la calle a personas que ya viven de manera permanente bajo esa condición, empeorando aún más su realidad diaria”, considerando que, “lo que realmente tendría que plantear el concejal del Grupo de Gobierno que adopta la medida, es solventar el problema a la altura de las obligaciones de la Concejalía que dirige, ya que bajo sus indicaciones se está dedicando a todo lo contrario, ya que lo que favorece es que se empeore la realidad de quienes son potenciales usuarios de dicho servicio”.
9 vecinos sin solución
Por otra parte, desde Nueva Canarias le reclaman a “José Caro que reconsidere dicha decisión, al menos hasta que los servicios municipales busquen una alternativa habitacional viable para los afectados, puesto que, de lo contrario, solo se ganará, lamentablemente, que estas personas estén merodeando por las calles y sin un techo que los cobije, sin olvidar que se trata de 9 de vecinos”.
Uno de los afectados ha manifestado que “solo nos han dicho que el día 17 del mes que viene nos tenemos que ir, recogiendo nuestras pertenencias y dejando el piso en las mismas condiciones que lo recibimos”.
Así, añadió que, “no se ha respondido a ninguna de las preguntas que formulamos sobre nuestro futuro, limitándose a decir que el plazo de estancia se ha superado y que nos tenemos que ir. Eso es todo”.
De estas 9 personas que han sido apercibidas de desalojo del espacio público, hay varias con movilidad reducida, discapacidad o con enfermedades crónicas, con ingresos muy limitados y sin una posibilidad de vivienda una vez que se vuelvan a ver en la calle. Se trata de dos grupos de hombres, de 3 y 4 personas, que ocupan dos pisos y de otro en el que viven un padre y su hija, “todos amenazados con ser desalojados y con aplicarnos más medidas si son necesarias, una actitud que se está produciendo incluso con uno de los afectados que en estos momentos está ingresado en un hospital y que a su regreso se podría ver solo y en la calle”.
“Yo le pregunté a la trabajadora municipal sí en el cuchitril del que salí para venir a este piso de emergencia, siguen todavía esperándome las pulgas por las que lo tuve que abandonar, porque lo único que están haciendo ahora en dejándome en peores condiciones, ya que no tengo edad para trabajar, porque estoy ya jubilado y solo percibo poco más de 500 euros del Ingreso Mínimo Vital”.
Nueva Canarias lamenta que el Grupo de Gobierno y su concejal de Servicios Sociales no sean capaces de resolver la situación de las personas que en peores condiciones están en el municipio, mientras que en la misma semana que anuncian que “nueve de nuestros vecinos que utilizaban un piso por causa de una emergencia social serán expulsados, la alcaldesa empieza las obras de ampliación y reforma de su despacho, poniendo la guinda a una injusticia que no se justifica porque descartan buscar soluciones en favor de los hechos consumados”.
