Opinión

Una vez aprobada por el Consejo de Ministros la “Ley de Vivienda” toca el trámite parlamentario, que será por procedimiento de urgencia a solicitud del Gobierno, porque esta es una norma muy esperada por la ciudadanía

02.02.2022 | Redacción | Opinión

Olivia Delgado Oval

Portavoz de Transformación Digital del GP Socialista

Presidenta de la Comisión de Juventud

Una vez aprobada por el Consejo de Ministros la “Ley de Vivienda” toca el trámite parlamentario, que será por procedimiento de urgencia a solicitud del Gobierno, porque esta es una norma muy esperada por la ciudadanía. Sinceramente, espero que se alcance el máximo consenso posible durante este trámite parlamentario, porque esta ley es una herramienta que beneficiará a todo el mundo y nuestra obligación es garantizar el derecho a la vivienda digna, para que de una vez por todas, la vivienda deje de ser un lujo solo al alcance de unos pocos. No podemos olvidar a las miles y miles de personas a las que resulta imposible acceder a una vivienda en nuestro país. 

Una vez aprobada por el Consejo de Ministros la “Ley de Vivienda” toca el trámite parlamentario, que será por procedimiento de urgencia a solicitud del Gobierno, porque esta es una norma muy esperada por la ciudadanía. Sinceramente, espero que se alcance el máximo consenso posible durante este trámite parlamentario, porque esta ley es una herramienta que beneficiará a todo el mundo y nuestra obligación es garantizar el derecho a la vivienda digna, para que de una vez por todas, la vivienda deje de ser un lujo solo al alcance de unos pocos. No podemos olvidar a las miles y miles de personas a las que resulta imposible acceder a una vivienda en nuestro país. 

La respuesta del Gobierno liderado por el presidente Sánchez es avanzar en la agenda reformista para mejorar la vida de las personas, teniendo como prioridad los colectivos más vulnerables. Por eso una de nuestras prioridades es que la vivienda sea el quinto pilar del Estado del Bienestar, porque la vivienda sin lugar a dudas es también el soporte para el desarrollo de otros derechos fundamentales y porque los jóvenes de nuestro país deben tener la oportunidad de materializar sus sueños y sus proyectos de vida.

Hace unas semanas el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, sin embargo, aunque la voluntad del Gobierno era aprobar junto a este paquete de medidas la primera Ley de Vivienda de la democracia, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda en condiciones dignas y asequibles, no fue posible debido a los retrasos de la emisión del informe preceptivo que tenía que emitir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

Me parece en este punto oportuno recordar que el CGPJ tiene un mandato caducado que supera los tres años y que el Partido Popular tiene bloqueada su renovación, porque no podemos perder de vista que este órgano está compuesto por una amplia mayoría conservadora, clave este hecho para poder entender algunas cuestiones. Este órgano ha emitido ya el informe preceptivo para la tramitación de la Ley de Vivienda, poniendo objeciones por ejemplo a medidas fundamentales como la limitación del precio del alquiler en las llamadas áreas tensionadas, justificando que la vivienda es una materia de titularidad autonómica. Sin embargo, la Ley de Vivienda no solo no invade competencias autonómicas, sino que cinco vocales del CGPJ que votaron en contra del informe definitivo suscribieron un contundente voto particular en el que califican la norma como “un instrumento normativo adecuado para la consagración” del derecho a la vivienda y señalan a la mayoría de miembros del CGPJ de extralimitarse en sus funciones.

En definitiva, el CGPJ con el mandato caducado desde hace más de tres años se opone a la primera Ley de Vivienda de la democracia, que tiene como objetivo frenar la especulación y proteger el derecho a la vivienda que recoge la Constitución. 

La ley tiene la vocación de corregir las disfunciones que se dan con respecto a la vivienda, con el fin de conseguir viviendas asequibles, porque se ha demostrado la ineficacia del mercado para dar respuesta a esta necesidad. Así, una de las medidas que contempla es la declaración de zonas tensionadas, lo que permitirá articular una serie de actuaciones para revertir desequilibrios, incluyendo mecanismos excepcionales de contención y bajada de los precios del alquiler de vivienda en estas zonas. Además de medidas para estimular fiscalmente el alquiler de manera asequible con deducciones fiscales que podrán ir del 50% al 90% en el IRPF.  

En las áreas tensionadas donde se baje un 5% la renta respecto al contrato anterior, la bonificación ascenderá al 90%. Si se alquila por primera vez a jóvenes de entre 18 y 35 años, la deducción será del 70%, o para la vivienda arrendada a la Administración Pública o entidad del tercer sector, o acogida a algún programa público de vivienda que limite la renta del alquiler y en el caso de haber realizado obras de rehabilitación o mejora, la bonificación será del 60%.

Una ley que además protegerá de forma permanente el parque público de vivienda social, que no podrá ser enajenado, para evitar que vuelva a repetirse la venta de parque público de vivienda a fondos de inversión. Incluyendo también medidas en relación a mejorar la coordinación entre jueces y servicios sociales con el fin de poder ofrecer viviendas alternativas en el caso de desahucios para personas vulnerables.

Estamos liderando políticas para una recuperación rápida y justa, con medidas reales que llegan directamente a las personas, para garantizar una vida digna a las familias, para aportar certezas y seguridad.  Estamos demostrando que hay dos formas muy diferentes de abordar una crisis, mientras el PP aplicaba políticas austeras, una reforma laboral que precarizaba a los trabajadores y devaluaba salarios y recortaba las partidas para vivienda, incluso vendiendo viviendas públicas a fondos buitre, este Gobierno socialista acomete una reforma laboral para acabar con la precariedad, la temporalidad y proteger el mercado laboral frente a posibles crisis y pone en marcha medidas para garantizar el derecho a una vivienda digna, poniendo en el centro siempre a las personas. Estas medidas van acompañadas de recursos económicos, en dos años las partidas contempladas en los PGE en materia de vivienda superan los 5.500 millones de euros.

 

Imagen: Olivia Delgado, portavoz de Transformación Digital en el Senado (PSOE) | CEDIDA