Álvaro Dávila solicita apoyo a Rafael Yanes ante el grave problema de la falta de funcionarios con habilitación nacional

15.02.2019 | Tacoronte

El Diputado del Común de Canarias, Rafael Yanes, se reunió esta mañana (15 de febrero) con el alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila, para analizar la situación de 13 quejas que los vecinos del municipio han presentado al Alto Comisionado del Parlamento de Canarias. Son expedientes abiertos, pendientes de resolución por parte del Ayuntamiento, y sobre los que ya se está trabajando, tal y como explicó el regidor local.

Sin embargo, en relación con algunas quejas vecinales planteadas, Dávila fue muy claro al asegurar que la falta de recursos humanos, que afecta tanto al Consistorio tacorontero como a otros muchos ayuntamientos de Canarias, hace muy difícil atender satisfactoriamente determinadas peticiones. Recordó que los recortes derivados de la normativa nacional vigente han reducido mucho las plantillas municipales, perjudicando la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía. Y ante la gravedad de algunas situaciones, el alcalde de Tacoronte solicitará el apoyo del Diputado del Común de Canarias para que traslade al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, la grave problemática existente en más de la mitad de los municipios de Tenerife, y otros muchos del resto de Canarias, por la falta de funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, en las áreas de intervención, secretaría y tesorería. “Unos puestos de trabajo fundamentales para el buen funcionamiento de cualquier administración”, insistió Álvaro Dávila. “Hace falta que el Estado convoque con urgencia oposiciones o promueva cambios normativos que permitan cubrir estos puestos en cantidad suficiente. Y, además, que se facilite la participación de los ciudadanos canarios en estos procesos de selección, dada nuestra situación de lejanía”.

Por su parte, Rafael Yanes manifestó su predisposición a plantear esta problemática al Defensor del Pueblo, y a facilitar la colaboración entre administraciones en temas que, por su elevada complejidad y coste, superan las capacidades y recursos de muchas corporaciones, poniendo como ejemplo el cumplimiento de la normativa relativa a la eliminación de barreras arquitectónicas en los espacios públicos.

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