Economía

La diputada de ASG solicita al Gobierno canario que inste al Estado a incrementar la plantilla de inspectores para afrontar el fraude fiscal de forma eficaz, ya que el Archipiélago cuenta con tan sólo 17 inspectores

 

01.11.2019 | Canarias

La diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, urgió en sesión plenaria de esta semana al Gobierno de Canarias a instar al Estado a aumentar el número de inspectores de Hacienda para reforzar la labor de lucha contra el fraude fiscal en las Islas.

Para la diputada de ASG, es indispensable que se afronte este problema con más medios y recursos humanos, pues según explicó Mendoza, “17 inspectores para toda Canarias son, a todas luces, insuficientes”. “Todos los gobiernos reconocen el problema, pero no se toman las medidas necesarias para luchar contra ello”, destacó. No obstante, valoró la previsión del Ejecutivo autonómico para ampliar la plantilla del personal correspondiente a la agencia canaria.

Asimismo, pidió al Gobierno regional que informe acerca de las personas o empresas que han incurrido en deuda por actividades no declaradas a Hacienda y cuántos procedimientos siguen abiertos correspondientes a años anteriores.

Por otra parte, hizo especial énfasis en la economía sumergida que afecta a las Islas, que se sitúa entre el 28% y el 31% del PIB, según el informe de la Fundación de Cajas de Ahorro, lo que denota un bajo nivel de conciencia fiscal en España, con respecto a otros países de Europa. “Estamos hablando de mucho dinero, un tercio de la riqueza que se genera cada año no tributa, por lo que en vez de ir destinado a los servicios públicos básicos que benefician al conjunto de la ciudadanía, se está quedando en el bolsillo de quienes actúan irresponsablemente”, comentó, a la vez que añadió que “no se trata de una actitud irresponsable sino insolidaria”.

Por ello, solicitó aunar esfuerzos para implantar medidas efectivas que luchen contra la economía sumergida, algo que, a su juicio, debe ir acompañado de mayor voluntad política para crear un sistema fiscal justo que repercuta en la mejora de los servicios públicos esenciales.