Tagoror Digital
15.02.2026 | Redacción | Opinión
Por: Casimiro Curbelo
Presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz de ASG en el Parlamento de Canarias
La falta de conectividad en un territorio fragmentado como el nuestro es comparable a vivir en una casa con los cimientos defectuosos. Puede que desde fuera no siempre se perciba el problema en toda su magnitud, pero quien lo padece a diario sabe que condiciona su vida, sus oportunidades y su futuro. Eso es exactamente lo que ocurre hoy entre El Hierro, La Gomera y La Palma.
Para muchos, la ausencia de conexiones directas entre estas islas puede parecer un inconveniente menor, una molestia asumible en un archipiélago. Sin embargo, para los ciudadanos herreños, palmeros y gomeros, esta realidad supone dedicar más del doble —o incluso el triple— de tiempo para desplazarse de una isla a otra, con la obligación casi permanente de hacer escala en Tenerife o Gran Canaria. Un trayecto que podría resolverse en 30 o 40 minutos acaba convirtiéndose en un viaje de al menos cuatro horas, con el consiguiente desgaste personal, económico y social.
Esta situación no es neutra. Penaliza la movilidad cotidiana, encarece la actividad económica y limita el acceso efectivo a oportunidades laborales, sanitarias, educativas y administrativas. En definitiva, acentúa la desigualdad entre canarios y rompe el principio de cohesión territorial que debería guiar cualquier política pública en una comunidad autónoma fragmentada por definición.
La conectividad no es un asunto accesorio ni una reivindicación insularista. Es una condición básica para el desarrollo económico y social equilibrado de Canarias. Nuestra geografía nos obliga a entender que solo podemos relacionarnos entre islas por vía marítima o aérea, y por eso garantizar esas conexiones en condiciones razonables de continuidad, frecuencia y accesibilidad no es un privilegio, sino un derecho.
Esta realidad, cuya solución lleva demasiado tiempo agonizando, es el reflejo de que aún nos queda camino por recorrer para sortear los desafíos de nuestra condición insular. No basta con asumir las barreras del Atlántico como un hecho inevitable; toca derribarlas con decisiones políticas valientes y con instrumentos eficaces.
Ha llegado el momento de determinar, de una vez por todas, una salida real a este problema. Y esa salida pasa por trabajar con seriedad y rigor en la declaración de obligaciones de servicio público, tanto aéreas como marítimas, que permitan conectar de forma directa y estable a El Hierro, La Palma y La Gomera. No es razonable que moverse entre las Islas Verdes exija más tiempo y más esfuerzo que un viaje entre Tenerife y una gran capital europea.
Hablar de obligaciones de servicio público es apostar por un desarrollo equilibrado que no deje atrás a quienes viven en las islas con mayores dificultades de acceso. Y es, también, asumir que Canarias solo será verdaderamente una cuando todos sus ciudadanos puedan moverse, trabajar y vivir en igualdad de condiciones, con independencia de la isla en la que residan.
Porque sin conectividad, los cimientos de nuestra casa común seguirán siendo frágiles. Y Canarias no puede permitirse seguir construyendo su futuro sobre bases tan desiguales.
