La igualdad de derechos de las personas empleadas de hogar es ya (y por fin) una realidad

¿Para qué sirve que exista un Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar? Nada más y nada menos que para recordar a la sociedad el valor que tiene el trabajo doméstico y reivindicar los derechos de quienes lo realizan, en su mayoría mujeres. Se celebra cada 30 de marzo desde 1988 y quedó instaurado durante el I Congreso de Trabajadoras del Hogar, que se celebró en Bogotá (Colombia).

Se estima que en América Latina y el Caribe, entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 93 % son mujeres. En España, por otra parte, de las 381 000 personas trabajadoras en el ámbito doméstico legalmente contratadas, 374 100 son mujeres; o sea, más del 95 % del total.

Estamos ante un sector laboral mayoritariamente femenino que trabaja en situación de precariedad e informalidad (muchas de las empleadas no tienen contrato laboral) y que, durante mucho tiempo, ha carecido del amparo legal y social que sí tienen otras profesiones.

Todos estos factores de discriminación llevaron a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a elaborar el “Convenio para el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos” (o Convenio 189) en 2011, el primer documento regulatorio internacional para esta actividad económica. Pese a la importancia del documento, su ratificación y puesta en marcha por parte de los países miembros de la Organización Internacional del Trabajo no parece estar yendo todo lo rápido que debiera.

Mientras que Latinoamérica es la región líder en ratificación del convenio, en junio de 2021 España iba todavía muy rezagada. Oficialmente, ante la OIT, acaba de hacerlo, aunque ya en septiembre del año anterior había adaptado su contenido a la normativa española.

Con esta medida, se equiparan los derechos laborales de los trabajadores del hogar a los de otros colectivos. En octubre de 2023 –cuando se cumpla el periodo mínimo de cotización necesario para generar el derecho a paro– podrán por fin cobrar el subsidio de desempleo y tener una indemnización por despido improcedente más justa. Además, todavía queda pendiente que se regulen las condiciones del trabajo doméstico interno.

Fuera ya de la normativa legal, cabe pensar en que su profesionalización, a través de la formación, podría contribuir a reducir los sesgos de precariedad e informalidad, hacerle ganar atractivo a los ojos de sus trabajadores y mostrarlo a la sociedad como un empleo digno que merece ser realizado en condiciones decentes.