Desde La Mesa Mota

Los habitantes de muchos lugares de estas Islas y, en particular, los conductores que todos los días tienen que aparcar en zonas urbanas de las áreas metropolitanas están hasta el moño de los mal llamados

23.06.2018. Redacción | Opinión

Por: Paco Pérez

pacopego@hotmail.com

Los habitantes de muchos lugares de estas Islas y, en particular, los conductores que todos los días tienen que aparcar en zonas urbanas de las áreas metropolitanas están hasta el moño de los mal llamados "guardacoches" y también conocidos por "gorrillas! (no sé si porque muchos llevan gorras en la cabeza o porque cobran de gorra sin hacer nada).

Los "gorrillas" eran más o menos vistos hace años con motivo de alguna aglomeración de tráfico provocada por la presencia de un circo en la ciudad o por la celebración de un partido de fútbol, pero con el transcurrir de los años se han convertido en una verdadera plaga, en unos agresivos monstruos de cuyos tentáculos es muy difícil escapar como, por ejemplo, en los terraplenes de alrededor del Hospital de la Candelaria, que son solares de propiedad privada y que se utilizan como una "especie sui generis" de aparcamiento para vehículos.

Los mal llamados guardacoches no se hacen cargo ni del más mínimo daño que sufra un turismo en esos "aparcamientos" y ellos se limitan a mover los vehículos de sitio, si el "cliente" les confía las llaves, por lo que la propina, en ese caso, no baja de un euro.

Estos trabajadores por su cuenta y riesgo no están sujetos a ningún régimen de cotización de la Seguridad Social y todo lo que cobran es en dinero negro, por lo que no pagan impuestos, dándose el caso de algunos "gorrillas" que ganan unos nueve mil euros mensuales, libres de polvo y paja, dentro de su "territorio", porque ellos mismos se dividen sus zonas de "facturación" y lo único que hacen es amontonar coches sin ton ni son en un descampado.

En muchos lugares de este país, estos guardacoches están regulados por una ordenanza y entregan un recibo por el coste y servicios que realizan y, por regla general, los municipios contratan a personas con discapacidad para desempeñar estas tareas de una forma racional y legal. ¿Por qué no se hace esto en Santa Cruz de Tenerife y en otras ciudades de Canarias?

Paco Pérez

Paco Pérez

Periodista

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