Paco Pérez09.06.2018. Redacción | Opinión
Por: Paco Pérez
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En esta España y en este Archipiélago de Canarias, donde hay más políticos golfos de lo razonable, el prevaricato es el delito más común, tanto en ayuntamientos como en corporaciones insulares y provinciales, en los gobiernos autonómicos y hasta en quienes han ejercido el poder ejecutivo del Estado, es decir en todos los ámbitos de la Administración pública, lo que ha hecho extender la desconfianza de los ciudadanos hacia la clase política, por razones más que obvias.
Prevaricato o prevaricación, según la Wikipedia, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.
La prevaricación es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público. Dicha actuación es una manifestación de abuso de autoridad y está sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración, garantizando de esa forma los derechos de las personas en un sistema democrático.
Algunos políticos (más de la cuenta, diría uno) en el ejercicio del poder parecen sentirse atraídos para tomar decisiones irregulares y punibles, por cuanto llegan a creerse que las instituciones que gobiernan son propias, por lo que hacen caso omiso a unas reglas establecidas.
Son muchos los casos de prevaricación manifiesta, sobre todo por parte de alcaldes y sobre todo en actuaciones de planificación y ejecución urbanísticas (recalificación del uso de terrenos y construcciones irregulares, no sujeta a las normas) pero también abundan las que tienen que ver con un mal uso o abuso de caudales públicos, porque vivimos en una sociedad que idolatra cada día más al dinero, al puto parné.
La última denuncia a un alcalde se ha producido en La Laguna, donde José Alberto Díaz ha sido acusado por Santiago Pérez (SXTfe) y Rubens Ascanio (Sí se puede, o algo así) de determinadas irregularidades en la contratación de personal eventual adscritos a los grupos políticos.
Pérez Garcia, el veterano líder socialista tinerfeño, no es muy partidario de judicializar la política, pero tiene fama de llevar todos los problemas que surgen al campo de los tribunales de Justicia. Creo que a él, personalmente, no le agrada ir por los juzgados de guardia, pero los cuatro últimos alcaldes laguneros (todos de ATI-CC) se han creído que todo el monte es orégano, al parecer, y sus "veleidades" han de ser controladas por alguien.En esta España y en este Archipiélago de Canarias, donde hay más políticos golfos de lo razonable, el prevaricato es el delito más común, tanto en ayuntamientos como en corporaciones insulares y provinciales, en los gobiernos autonómicos y hasta en quienes han ejercido el poder ejecutivo del Estado, es decir en todos los ámbitos de la Administración pública, lo que ha hecho extender la desconfianza de los ciudadanos hacia la clase política, por razones más que obvias.
