Paco Pérez25.03.2019 | Redacción | Opinión
Por: Paco Pérez
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Se ha reavivado el debate que existe actualmente en nuestro país sobre la necesidad, o no, de retrasar la edad de los trabajadores para que puedan jubilarse, tras las propuestas de algunos partidos y organizaciones empresariales que han recomendado que los actuales cotizantes a la Seguridad Social sigan en activo hasta una edad cercana a los setenta años.
En este renovado debate social habría que hacer varias consideraciones, porque esas recomendaciones no se entienden, a priori, que se hagan en un país que cuenta en la actualidad con un menor, pero aún muy elevado número de parados, sobre todo de personas jóvenes que, al no tener empleo, lógicamente no cotizan a la Segruidad Social y no pueden colaborar, por su situación laboral, al mantenimiento del sistema público de pensiones.
Sería razonable, pues, que no se retrasara más la edad mínima para poder jubilarse, con el fin de abrir el mercado laboral a esos millones de parados, que pasarían a cotizar a la Seguridad Social y aportarían una importante cantidad dineraria al erario público.
No se comprende, por otra parte, cómo los gobierno de turno han permitido en los últimos años que muchos empleados de la banca privada, así como de grandes empresas eléctricas y telefónicas se pudieran jubilar a partir de los cincuenta y dos años de edad, al aprobarse unos planes de reducción de plantillas en estas rentables sociedades y compañías mercantiles, que conbtribuyeron de manera muy negativa a engrosar el número de pensionistas españoles. Lamentable.
Por otro lado, además de mantenerse la edad de jubilación en los próximos años en el tope actual, el Gobierno debería, desde ahora mismo, establecer las medidas necesarias para que determinados funcionarios públicos pudieran seguir trabajando voluntariamente hasta la edad en que se sientan útiles a la sociedad, como médicos y enfermeros de la Sanidad pública o maestros y profesores de todos los niveles educativos dependientes del Estado y de las comunidades autónomas, como ocurre en muchos países de Occidente, donde se valora --como debería ser aquí-- su sabiduría y su enorme experiencia en la práctica de sus respectivas profesiones durante un prolongado período de tiempo.
En definitiva, parece razonable que no se eleve la edad mínima de jubilación, que no se produzcan más pre-jubilaciones masivas para favorecer las reducciones de plantillas de grandes corporaciones empresariales y que se facilite que, en determinadas profesiones, determinados especialistas puedan jubilarse voluntariamente a partir de los setenta años, sin límite de edad, siempre que estén encondiciones físicas y mentales para ejercer sus respectivas profesiones.
