Tagoror Digital
26.07.2026 | Redacción | Opinión
Por: Casimiro Curbelo
Presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz de ASG en el Parlamento de Canarias
Acceder a la educación superior no puede depender de la isla en la que se nace ni de la capacidad económica de cada familia. Sin embargo, para muchos jóvenes de La Gomera y del resto de islas no capitalinas, comenzar una carrera universitaria o unos estudios superiores supone afrontar una dificultad añadida: encontrar un alojamiento digno y asequible en Tenerife o Gran Canaria.
Esta realidad se ha agravado por el incremento de los alquileres y la reducción de la oferta disponible para estudiantes. No hablamos de una cuestión secundaria. El alojamiento puede determinar que un joven inicie, continúe o abandone sus estudios. Por eso, esta semana hemos anunciado que trabajamos en una propuesta para impulsar una oferta suficiente de plazas residenciales en las zonas donde se concentran los centros de educación superior, especialmente en Tenerife.
La iniciativa debe analizar todas las fórmulas posibles: construir nuevas residencias, adquirir o rehabilitar inmuebles, concertar plazas con centros existentes o desarrollar modelos de cooperación entre administraciones. Lo importante es disponer de una respuesta estable, no de soluciones coyunturales. En el caso de La Gomera, esta actuación podría beneficiar a cerca de 500 estudiantes que cursan sus estudios en la Universidad de La Laguna y en otros centros superiores de Tenerife.
La nueva Ley de Cabildos ofrece, además, un marco adecuado para avanzar. Permite desarrollar actuaciones fuera del territorio insular cuando responden a razones de interés general en ámbitos concretos como este, y debemos aprovechar esa posibilidad jurídica para dar una respuesta conjunta a un problema que comparten La Gomera, El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.
En La Gomera llevamos más de dos décadas demostrando que la educación es una prioridad. Fuimos la primera administración pública de Canarias que al comienzo de cada curso otorgamos los libros de texto a todas los estudiantes, hemos ampliado de forma constante el apoyo a las familias: becas al estudio, ayudas al transporte, convenios con las universidades canarias y la UNED, y cooperación con los centros educativos.
Este año hemos destinado más de 2,5 millones de euros a becas y ayudas, beneficiando a 651 jóvenes. Además, pusimos en marcha por primera vez una ayuda específica al alquiler, de hasta 1.000 euros por estudiante, para mitigar el impacto del encarecimiento de la vivienda. También hemos elevado a 1,5 millones de euros la inversión del convenio para mejorar las infraestructuras educativas de la isla, con actuaciones en doce centros.
Pero sabemos que las ayudas individuales, siendo imprescindibles, no resuelven por sí solas un problema estructural. Necesitamos más plazas, precios asequibles y seguridad para las familias. Necesitamos que un estudiante sepa, antes de comenzar el curso, dónde va a vivir y cuánto le va a costar.
Garantizar alojamiento para quienes deben desplazarse es garantizar igualdad de oportunidades. Es cohesión territorial, justicia social y futuro para Canarias, y los cabildos tenemos que trabajar juntos para que ningún joven tenga que renunciar a su formación por vivir en una isla no capitalina.
