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Barragán: “No compartimos las decisiones unilaterales que vulneran la ley y la democracia”.

05-07-2017   22:07:39   Tagoror Digital

Como recordó José Miguel Barragán, Coalición Canaria “siempre ha mantenido un respeto absoluto a las decisiones que asumen las comunidades autónomas respecto a la gestión de sus territorios”.

05.07.2017. Canarias.

La decisión del presidente de Cataluña Carles Puigdemont de presentar en el día de ayer la Ley del referéndum unilateral de independencia, que no entrará en vigor hasta finales de agosto para tratar de esquivar a los tribunales, y que pretende sustituir de facto la legalidad española por una catalana, supone, según el Secretario General de Coalición Canaria, “vulnerar la ley y la democracia que rigen nuestro orden social y político. Coalición Canaria siempre ha mantenido un respecto absoluto por la ley y la democracia. No compartimos decisiones unilaterales en ese sentido”.

Ante la imposibilidad de encajar la votación del referéndum separatista en la Constitución española, el Govern anunció que el nuevo texto establece un régimen jurídico excepcional que prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto con él. Será, según explicó Puigdemont, la “ley suprema” de Cataluña que se aplicará el próximo 1 de octubre en relación al referéndum sobre la independencia de Cataluña, pese a no contar con el consentimiento del Gobierno del Estado. Para el Secretario General de Coalición Canaria “es necesario más diálogo y consenso entre los partidos políticos sobre ‘la cuestión catalana’. El Estado y Cataluña deben buscar puntos de encuentro. La imposición de unos sobre otros no va a encontrar una solución fuera del diálogo político y menos aún actuando de manera unilateral”.

Como recordó José Miguel Barragán, Coalición Canaria “siempre ha mantenido un respeto absoluto a las decisiones que asumen las comunidades autónomas respecto a la gestión de sus territorios”. Lo que está sucediendo en Cataluña, según el Secretario General de Coalición Canaria, “es una prueba más de que las soluciones que se tienen que dar respecto a la organización territorial de España no pueden resolverse en los tribunales de justicia, sino que requieren una solución política en el marco constitucional”.

 

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