Política

MOCIÓN EN RELACIÓN A LA DECISIÓN UNILATERAL DEL GOBIERNO DE MARRUECOS DE TRAMITAR LA APROBACIÓN DE SU FRONTERA MARITIMA EN AGUAS QUE AFECTAN A CANARIAS Y AL SAHARA OCCIDENTAL

24.01.2020 | Canarias

A la vista de la decisión del Gobierno de Marruecos de promover la aprobación parlamentaria de dos leyes que delimitan su espacio marítimo de forma unilateral, contraviniendo con ello lo establecido en la Convención sobre el Derecho del Mar de la Organizaciòn de Naciones Unidas (ONU), ampliando las aguas jurisdiccionales en las 12 millas de sus aguas territoriales, las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva y las 350 millas de la Plataforma Continental y teniendo en cuenta que esta decisión unilateral conculca lo establecido en el Derecho Internacional al colisionar con los intereses de España por su afección directa a Canarias y que, además, el Gobierno de Marruecos no ha iniciado negociación previa alguna con el Gobierno de España, incumpliendo gravemente la legalidad internacional y establecer hechos consumados que no tienen validez legal alguna y que es una verdadera provocación para las relaciones bilaterales de ambos gobiernos y crea una alarma en la comunidad canaria al verse afectados directamente recursos económicos, minerales y naturales que lesionan los intereses de España y de Canarias.

Asimismo, la decisión unilateral del Gobierno de Marruecos es especialmente grave al incorporar el mar territorial del Sahara Occidental, territorio sobre el que no tiene reconocida la soberanía al estar ocupándolo ilegalmente contraviniendo la legalidad internacional y los legítimos derechos de la población saharaui. El Sahara Occidental es un territorio no autónomo, sujeto a un proceso de descolonización mediante un referéndum de autodeterminación tal como se ha establecido en decenas de resoluciones de la ONU, que el Gobierno de Marruecos incumple reiteradamente. Ningún país reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y en recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) se establece que “el territorio del Sáhara Occidental no pertenece a la soberanía de Marruecos”.

Esta actuación unilateral por parte del Gobierno de Marruecos es especialmente grave, no sólo por incumplir flagrantemente lo establecido en el ordenamiento jurídico internacional, sino porque lesiona seriamente los intereses de Canarias y de España e introduce un factor de inestabilidad y de provocación en el conflicto del Sahara Occidental, ignorando premeditadamente los legítimos derechos reconocidos a la población saharaui sobre su territorio, agravándose además con el expolio de sus riquezas y recursos naturales.

Considerando lo expresado y ante la notoria evidencia de que:

A) El Gobierno de Canarias y el Gobierno de España han manifestado su profunda preocupación al respecto, al entender que la delimitación de las fronteras marítimas deben ser resultado de procesos de cooperación bilateral entre los países afectados atendiendo a la legislación internacional y no determinadas de manera unilateral por una de las partes.

B) El Gobierno de Marruecos declara sus fronteras marítimas de forma unilateral, adjudicándose las aguas del Sahara Occidental en su espacio jurisdiccional para su exclusiva explotación y beneficio sin respetar el ineludible espíritu de cooperación que se le reclama desde el ámbito internacional con el pueblo saharaui.

C) Los recursos naturales del territorio terrestre, litoral y marítimo del Sahara Occidental son explotados y comercializados sin capacidad de intervención y sin beneficio alguno de la población saharaui, aludiendo específicamente a operaciones mineras en tierra y en fondos marinos, a la extracción a gran escala de arena superficial de dunas y de playas, así como a los recursos pesqueros y turísticos.

D) La población y autoridades de las Islas Canarias respetan y defienden la legitimidad del estado marroquí en su ámbito territorial y en los derechos legalmente adquiridos, pero también reclaman el cumplimiento recíproco de los derechos del pueblo saharaui y de su legítima capacidad de decidir sobre la explotación de aquellos recursos ubicados en un territorio cuya jurisdicción es en la actualidad gestionada de forma exclusiva e ilegal por Marruecos.

Sometemos a la consideración del pleno los siguientes:

ACUERDOS

1) Mostrar el total rechazo a la decisión unilateral del Gobierno de Marruecos de establecer su espacio marítimo en aguas que afectan directamente a Canarias, lesionando los derechos legítimos de la comunidad canaria sobre sus recursos marítimos y sin haber establecido negociación previa con el Gobierno de España, contraviniendo lo señalado en la Convención sobre Derechos del Mar de la ONU, y que Marruecos ha aprobado.

2) Asimismo rechazar la decisión del Gobierno de Marruecos de incluir el espacio marítimo del territorio del Sahara Occidental, al ser un territorio no autónomo, sobre el que Marruecos no tiene reconocida su soberanía, contraviniendo las múltiples resoluciones de la ONU, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los legítimos derechos de la población saharaui.

3) Apoyar al Gobierno de Canarias en su defensa de los intereses de los canarios y de la legalidad internacional en el espacio territorial del Sahara Occidental ante las ilegales pretensiones del Gobierno de Marruecos que crean un clima de tensión e inestabilidad en la zona.

4) Igualmente, demandar al Gobierno de España la defensa de los intereses canarios y de la legalidad internacional en lo que afecta al Sahara Occidental actuando con la firmeza frente a esta actuación unilateral e ilegal del Gobierno de Marruecos.

5) En igual sentido solicitar del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Comisión de la UE la exigencia al Gobierno de Marruecos del estricto cumplimiento de la legalidad internacional y, en especial, las resoluciones del Consejo de Seguridad y Asamblea General de la ONU en lo referido al Sahara Occidental.

6) Enviar la presente moción al resto de los cabildos y ayuntamientos de la comunidad canaria, solicitando su apoyo a la misma, así como a los grupos y Presidencia del Parlamento de Canarias y al presidente del Gobierno de Canarias.